El avance de los sondeos vinculados al Proyecto Orión en el norte de la provincia de Jaén ha reabierto el debate sobre el equilibrio entre desarrollo industrial, protección ambiental y uso del territorio. La convocatoria para el levantamiento de actas previas de ocupación temporal en Aldeaquemada, Castellar, Montizón y Santisteban del Puerto ha situado de nuevo el foco sobre una iniciativa minera que sigue generando inquietud entre propietarios, ayuntamientos y colectivos conservacionistas.

La Sociedad Ibérica para el Estudio y Conservación de los Ecosistemas (Siece) ha pedido a la Junta de Andalucía que extreme el cumplimiento de la legalidad antes de autorizar nuevas ocupaciones vinculadas a los sondeos de investigación promovidos por Osmond Resources, a través de su filial Green Mineral Resources S.L. El proyecto busca localizar yacimientos de tierras raras y otros minerales estratégicos como titanio o circonio en una amplia zona del norte jiennense.

La superficie afectada alcanza los 228 kilómetros cuadrados y comprende más de 22.000 hectáreas. En ese espacio están previstas perforaciones mecánicas de gran profundidad —algunas de hasta 242 metros— dentro de una fase de investigación minera previa a una eventual explotación futura.

Desde Siece insisten en que las alegaciones planteadas hasta ahora no responden a un rechazo frontal a la actividad industrial, sino a la necesidad de garantizar que cualquier actuación se ajuste plenamente a la normativa ambiental, minera y de protección del territorio.

Entre sus principales advertencias figura el posible impacto sobre los recursos hídricos subterráneos. La organización alerta del riesgo de conexión entre acuíferos durante las perforaciones profundas si no se garantiza un sellado inmediato y eficaz, lo que podría favorecer la comunicación entre aguas superficiales limpias y capas profundas con presencia de metales pesados.

También ponen el foco en la gestión de los lodos generados durante los sondeos. Algunos de los minerales objeto de investigación, como la monacita o el circonio, llevan asociados de forma natural elementos radiactivos como torio, uranio o radio. Por ello, reclaman que el Consejo de Seguridad Nuclear supervise de forma específica este proceso.

La preocupación se extiende además al entorno natural. Parte de los puntos previstos para los sondeos se sitúan sobre espacios incluidos en la Red Natura 2000, entre ellos zonas especialmente sensibles para especies emblemáticas como el lince ibérico o el águila imperial.

Junto al impacto ambiental, el debate alcanza también al plano económico y social. Siece cuestiona el sistema de ocupación temporal previsto por la administración, especialmente por contemplar plazos de hasta tres años para actuaciones cuya ejecución técnica puede resolverse en apenas unos días. También advierte de que las compensaciones económicas previstas podrían resultar insuficientes para cubrir la pérdida real de productividad agrícola o la recuperación posterior del suelo.

A ello se suma la incertidumbre sobre el retorno económico directo para la comarca. Según el colectivo, la alta especialización que requiere este tipo de minería limitaría la contratación local y reduciría el impacto laboral sobre el territorio a empleos puntuales ligados a obra civil, seguridad o servicios auxiliares.

Con el proceso administrativo en marcha y los sondeos sobre la mesa, el Proyecto Orión sigue avanzando entre expectativas económicas y una creciente contestación social en una comarca que observa con atención qué papel jugará la minería en su futuro.