Los próximos días 8 y 9 de julio, las comarcas del norte de nuestra provincia se enfrentan a un hito administrativo que marcará un antes y un después. La Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas de Jaén ha convocado el levantamiento de actas previas a la ocupación forzosa de terrenos para el polémico Proyecto Orión. La narrativa oficial intenta camuflar el trámite bajo un mensaje de normalidad rutinaria: nos dicen que son «solo» 21 pozos de sondeo preliminar para investigar la presencia de rutilo y tierras raras. Sin embargo, quienes conocemos el terreno y sabemos leer la letra pequeña de los expedientes, tenemos claro que estas prospecciones son la punta de lanza de un despliegue minero masivo de consecuencias imprevisibles.

El primer síntoma de alarma aparece al revisar el propio listado de expropiación temporal. Cualquiera podría preguntarse cómo es posible que, para ejecutar apenas una veintena de perforaciones, la lista de propietarios y parcelas catastrales sea tan abrumadoramente extensa. La respuesta es logística y jurídica: la maquinaria pesada no cae del cielo. Para llegar a cada punto de perforación en mitad de la dehesa o el olivar, la empresa necesita forzar servidumbres de paso, abrir porteras y atravesar fincas colindantes, multiplicando el número de afectados. Además, la fragmentación del catastro rural y la existencia de herencias pro indiviso obligan a citar a familias enteras por el impacto en una sola linde. No estamos ante una afectación menor; estamos ante una intervención agresiva sobre la propiedad privada y la economía agrícola tradicional de municipios como Santisteban del Puerto, Aldeaquemada, Castellar o Montizón.

Pero lo verdaderamente preocupante no es solo lo que ocurra sobre el terreno en julio, sino lo que la filial Green Mineral Resources trama en los despachos. Mientras en el campo se gestionan las ocupaciones forzosas, la empresa ya ha movido ficha ante la Junta de Andalucía para expandir su imperio. Bajo los nombres mitológicos de Menodice, Menipe y Metioque, han solicitado tres nuevos permisos de investigación adicionales. Las cifras son incontestables: si el proyecto Orión original abarca 85,6 kilómetros cuadrados, estas tres «hijas» pretenden sumar otros 142 kilómetros cuadrados. De aprobarse por los técnicos de Medio Ambiente, la multinacional triplicará su superficie bajo control, alcanzando un área global de 228 kilómetros cuadrados de cuadrículas mineras e introduciendo de lleno en el mapa del riesgo al término municipal de Navas de San Juan.

¿Qué es lo que persiguen con tanta agresividad? Las declaraciones del consejero delegado de la matriz australiana Osmond Resources, Anthony Hall, ante los mercadosfinancieros, disipan cualquier duda. Ante sus inversores presumen de haber localizado concentraciones de rutilo cuatro veces superiores a las medias mundiales y proyectan un potencial de explotación de más de mil millones de toneladas de material. Su plan maestro no es abrir una pequeña cantera; es crear un corredor minero e hidrometalúrgico de dimensiones globales, aliándose con ingenierías como Técnicas Reunidas para aplicar procesos químicos agresivos de separación mineral.

Los riesgos de este modelo industrial a cielo abierto en Sierra Morena son inasumibles. En primer lugar, por el vector hídrico: la minería de tierras raras requiere un consumo ingente de agua para la flotación y el ataque químico. Resulta un insulto y una temeridad que, mientras nuestros olivareros soportan restricciones severas, recortes drásticos en el riego y una sequía estructural asfixiante en la cuenca del Guadalquivir, se pretenda priorizar el abastecimiento de una multinacional extranjera para lavar mineral. Es una demanda totalmente incompatible con la supervivencia de nuestro campo y con el propio suministro humano. En segundo lugar, la monacita que buscan lleva asociada inevitablemente trazas de elementos radiactivos como el torio y el uranio. La dispersión eólica del polvo fino de estas excavaciones no solo es un problema de salud pública, sino que amenaza con depositarse sobre el fruto de los olivares, comprometiendo la reputación y comercialización de nuestro aceite de oliva. Finalmente, el impacto sobre la biodiversidad sería irreversible, triturando el hábitat y los pasillos ecológicos de especies protegidas como el lince ibérico (Lynx pardinus) y el águila imperial (Aquila adalberti).

La vecina provincia de Ciudad Real ya nos demostró el camino. Allí, la movilización de la sociedad civil y los argumentos técnicos de la Plataforma Sí a la Tierra Viva lograron que la administración dictaminara una Declaración de Impacto Ambiental negativa, tumbando el proyecto Matamulas. Jaén no puede permitir que se hipoteque su futuro agrícola, hídrico y ecológico por el beneficio especulativo de fondos de inversión extranjeros. Es ahora, antes de que las solicitudes de las «hijas» de Orión se conviertan en derechos consolidados, cuando los ayuntamientos, los sindicatos agrarios, los colectivos medioambientales y la ciudadanía debemos exigir un frente común, transparencia absoluta y un rotundo «no» a la destrucción de nuestra tierra. No callemos hoy para no lamentarlo mañana.